(CNN Español)– Amnistía Internacional señaló en un nuevo informe difundido este miércoles que los defensores de la tierra y el medio ambiente en México son criminalizados por autoridades de todos los niveles del Gobierno con el fin de disuadir y castigar las protestas sociales.
A partir del análisis de cuatro casos –dos en el estado de Chiapas, uno en Puebla y otro en Yucatán– la organización no gubernamental advierte que los gobiernos federal, estatal y municipal tienden a brindar poca información sobre los proyectos o emprendimientos que ponen en práctica. . marchan y que afectan territorios y otros recursos. También señala el uso del sistema de Justicia desproporcionadamente contra quienes protestan.
“Las organizaciones de la sociedad civil han alertado desde hace años sobre la utilización de distintos tipos penales que han sido utilizados para castigar a personas que ejercen su derecho a la protesta debido a su ambigüedad. Entre ellos destacan los delitos de ‘ataques a medios generales de comunicación’. ‘en el fuero federal y ‘ataques a vías de comunicación y transporte’ en el fuero común'”, señala el informe publicado este miércoles.
Según Amnistía Internacional, las autoridades utilizan delitos penales “vagos o ambiguos” para poder arrestar a defensores de la tierra y del medio ambiente que se manifiestan contra proyectos no sólo para detener sus protestas, sino también para impedir que se lleven a cabo. otros.
“La criminalización de la protesta se utiliza como parte de una estrategia amplia para desalentar y desmantelar la defensa de los derechos relacionados con la tierra, el territorio y el medio ambiente”, dice el informe.
Uno de los casos analizados corresponde a los activistas tseltales César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes en octubre de 2020 encabezaron protestas contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en la región de Chilón, en el estado de Chiapas.
Ambos defensores fueron detenidos tras una manifestación y acusados del delito de motín. Finalmente, el pasado mes de mayo, fueron condenados a dos años de prisión, que el juez conmutó por multa. Tras pagar una multa de unos 350 dólares estadounidenses, fueron puestos en libertad.
Amnistía Internacional señala otros tres casos en los que se utilizó el sistema penal contra personas que protestaban por la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Uno ocurrió en la Colonia Maya, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde un grupo de personas se manifestó contra un fraccionamiento residencial en un área protegida en 2017. En ese momento, la fiscalía acusó a algunos de los manifestantes de secuestro.
El segundo caso fue en la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, donde dos comunicadores y defensores nahuas se manifestaron en 2019 contra la construcción de un drenaje que desembocaría en el río Metlapanapa.
Y el otro caso mencionado es el de dos pobladores del pueblo indígena maya de Sitilpech, Yucatán, quienes se oponen a una granja porcina, que argumentan causa contaminación, impactos en el agua y problemas de salud.
CNN contactó a la Secretaría de Gobernación (Segob) de México para consultar su postura sobre el informe de Amnistía Internacional. Hasta el momento, la agencia no ha respondido.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma continuamente que su gobierno no reprime las protestas —como señala que sí lo hicieron sus antecesores— y que los ciudadanos son libres de manifestarse.
Amnistía Internacional, sin embargo, sostiene que las autoridades sí tienen prácticas sistemáticas para inhibir las manifestaciones.