El expresidente del Gobierno José María Aznar se ha erigido esta semana como un ariete contra la amnistía a los independentistas. Junts y ERC pretenden negociar con el PSOE una papilas gustativas de causas judiciales a cambio de un eventual apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. De llevarse a cabo la medida, afectaría a 1.432 soberanistas procesados. Son once personas menos que los 1.443 condenados que el Ejecutivo de Aznar indultó en un solo día.
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Fue el 1 de diciembre de 2000. El Ejecutivo presidido por Aznar y cuyo ministro de Justicia era Ángel Acebes aprobó la mayor medida de indulto desde la recuperación de la democracia, pese a que la Constitución de 1978 prohíbe expresamente los indultos generales.
Como explicó entonces Acebes, el gran número de indultos concedidos en un solo día respondía a la petición genérica hecha por el Vaticano de hacer gestos a favor de la reintegración coincidiendo con la celebración del Año Jubilar. Ante las críticas de los partidos de izquierda, el Ejecutivo defendió que aplicó criterios “objetivos” a la hora de conceder todos los indultos y que dejó fuera a los condenados por terrorismo, crimen organizado o delitos sexuales.
Entre los beneficiarios del indulto que se puede consultar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la época se encuentra el juez Javier Gómez de Liaño, expulsado de la carrera por el caso Sogecable. También tres ex cargos socialistas condenados en el caso Filesa por financiación irregular, Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores.
El resto de indultados eran personas condenadas por delitos muy diversos: contra la seguridad del tráfico, lesiones, hurto, falsificación de documentos públicos y comerciales o contra la salud pública. No sólo hubo perdón de penas por delitos comunes sino también de casos de trascendencia social, como los 460 insumisos de los ‘militares’ o el de María Teresa de Jesús Moreno, conocida como ‘La Tani’, condenada por disparar a su marido, quien la había maltratado durante décadas.
Juntos, los dos gobiernos de Aznar concedieron 5.948 indultos en ocho años, cuatro más que los Ejecutivos de Felipe González, que duraron seis años más. En las dos legislaturas de José Luís Rodríguez Zapatero la cifra bajó a 3.381 indultos, mientras que el Gobierno de Rajoy la redujo a 898, según se puede consultar en el portal Civio.
Ser el presidente del Gobierno que más indultos ha concedido no ha impedido que Aznar ataque la amnistía. “Es un acto contra la Transición, la Constitución y contra los fundamentos de España”, ha dicho en una entrevista en la COPE este jueves.
A juicio del expresidente, una posible amnistía se busca “no sólo para exonerar y limpiar a los golpistas, a personas que fueron juzgadas y condenadas por dar un golpe de Estado o que se encuentran prófugas por haber dado un golpe de Estado”. .” Cabe recordar que los exconcejales no fueron condenados por rebelión, delito contra el orden constitucional, sino por sedición, delito contra el orden público.
Amnistía e indultos generales
La concesión masiva de indultos en el año 2000 suscitó críticas al Gobierno de Aznar por la politización de la Justicia pero acabó entendiéndose como una expresión más, aunque muy amplia, del poder del Ejecutivo para conceder indultos, pese a la prohibición constitucional de los indultos. general. El PSOE no recurrió ninguno de los indultos concedidos en un día por el PP, al contrario de lo que hicieron los conservadores con los indultos de los líderes del procés y que el Tribunal Supremo se ha negado a revocar.
Más de 20 años después, el PP, hoy en la oposición, ya prepara una respuesta en las calles y en los tribunales contra una amnistía que no ha sido aprobada y cuyas negociaciones se encuentran en una fase muy temprana.
La prohibición constitucional de los indultos generales es lo que lleva a varios juristas a considerar inconstitucional la amnistía. Otros expertos, sin embargo, consideran que la amnistía sí entra dentro de los límites de la Constitución, ya que es una medida que debe ser aprobada por el Parlamento y se rige por procedimientos distintos a los del indulto, que corresponde exclusivamente al Gobierno. .
De momento, Òmnium Cultural ha sido la única entidad independentista que ha hecho su propio recuento de los “represaliados” que, como mínimo, se verían afectados por la amnistía. Son 1.432 personas, aunque más de la mitad (880) no se enfrentan a penas de prisión sino que son activistas multados administrativamente en base a la ‘ley mordaza’ en las protestas. Otros 35 son ex funcionarios del Gobierno procesados en el Tribunal de Cuentas, que se exponen a multas millonarias.
De los 552 soberanistas afectados por una causa penal, 113 ya han sido condenados, como ex concejales o varios jóvenes por amotinarse en manifestaciones. Según los cálculos de Òmnium, a día de hoy otras 17 personas están esperando sentencia y otras 387 están investigadas o procesadas en espera de juicio, como la mayoría de altos cargos acusados por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. En total, once ‘amnistibles’ menos que las personas a las que Aznar perdonó en un día.