El Tribunal Supremo ha vuelto a dar su aval a los indultos del Gobierno a los condenados por el procés catalán. Los jueces de la sala de lo contencioso-administrativo han desestimado este viernes los recursos presentados tanto por PP, Vox y Ciudadanos contra la medida de indulto que supuso en 2021 la excarcelación de Oriol Junqueras y el resto de dirigentes políticos catalanes condenados por sedición. malversación y desobediencia. En las deliberaciones de hoy los jueces han estudiado el caso de los indultos concedidos a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, quedando pendientes de resolver más recursos sobre el resto de condenados.
El Supremo se opone al indulto a los condenados por el procés por su falta de “arrepentimiento”
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Es la segunda vez que el Supremo estudia indultos a los condenados por el procés. Ya en enero de 2022 se decidió la tercera sala Rechazan las acusaciones de PP, Vox y Ciudadanos entendiendo que, directamente, no tenían derecho a recurrir los indultos. A cambio en la composición de las secciones de esa sala de lo contencioso-administrativo, sin embargo, volvió a darle vida al asunto: la misma sala, con diferentes miembros, cambió de opinión y decidió que se estudiaran los recursos para que se emitiera un fallo sobre el fondo del asunto. .
De la rebelión a los indultos
La causa contra el procés independentista se inició en la Audiencia Nacional en 2017 y fue sentenciada por el Tribunal Supremo dos años después. Los jueces, encabezados por Manuel Marchena, desestimaron la línea de acusación de la Fiscalía e impusieron penas de hasta 13 años de prisión, la más alta para Oriol Junqueras (ERC), por sedición y malversación de caudales públicos, manteniendo desobediencia a tres de los ex concejales del Gobierno de Puigdemont. Los jueces consideraron que la celebración del referéndum del 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia pretendían separar Cataluña del resto del país, pero sin alcanzar los niveles de efectividad ni de violencia que exige el delito de rebelión.
Las sentencias llegaron el 14 de octubre de 2019 y los indultos se publicaron en el Boletín Oficial del Estado menos de dos años después. Amplios informes facilitados por el ejecutivo justificaron la medida para “dar respuesta a la profunda crisis social y política” de Cataluña, al considerar que se trata de un “mecanismo ideal para reducir la tensión”. Argumentos que contrarrestaron la negativa de la Fiscalía y de la propia sala de lo penal del Tribunal Supremo, principalmente por la falta de “arrepentimiento” de los condenados.
Los indultos pusieron fin casi instantáneamente al encarcelamiento de los políticos condenados pero no a su inhabilitación. Según el último cálculo realizado por el Tribunal Supremo, por ejemplo, Oriol Junqueras no podrá volver a presentarse a las elecciones de ninguna zona hasta 2031, lo que deja fuera de la ecuación las dos próximas elecciones catalanas y varias convocatorias de elecciones generales.
Estas cuentas no han cambiado con las últimas modificaciones legales que han afectado profundamente a la sentencia dictada hace varios años. La derogación del delito de sedición y la modificación del de malversación no provocaron cambios efectivos porque sus penas de prisión ya habían sido indultadas y las de inhabilitación no fueron modificadas.