España está dispuesta a asumir los costes que implicaría que la Unión Europea reconociera el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales del bloque comunitario, un asunto que se tratará el próximo martes, a petición de Madrid, en Asuntos Generales. El Consejo se celebrará en Bruselas, según lo anunciado El español y lo ha confirmado este periódico. Aún así, muchos países, más de la mitad, según fuentes europeas, expresaron este viernes sus dudas en una reunión preparatoria en Bruselas y pidieron más tiempo para analizar una decisión que implicaría pasar de 24 a 27 lenguas oficiales y podría acabar hasta provocar litigios o incluso conflictos regionales en otros Estados miembros.
Fuentes conocedoras de las conversaciones han confirmado a EL PAÍS que, en la reunión de embajadores de los Veintisiete celebrada este viernes, España se ha ofrecido a hacerse cargo de los costes que genere la conversión de las tres lenguas cooficiales españolas en lengua europea , a pesar de que normalmente supone un gasto. que asume el presupuesto comunitario. Aun así, España no ha logrado superar las numerosas dudas de sus socios europeos que, aunque no se han opuesto “rotundamente” a la propuesta española, sí han pedido más tiempo para tomar una decisión, señalan fuentes coincidentes.
En los últimos días, varios países han expresado abiertamente sus dudas sobre la petición española, presentada formalmente a mediados de agosto, después de que Junts pusiera como condición imprescindible votar a favor de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso. El independentismo considera también que la reunión de este martes en Bruselas, donde se ha incluido el tema -pero no necesariamente su voto- es una prueba de confianza de cara a facilitar una eventual investidura de Pedro Sánchez si fracasa el intento de Alberto Núñez Feijóo al final de este mes.
Suecia anunció el miércoles en un comunicado que se mostraba “reacia” a oficializar el catalán, el euskera y el gallego e indicó que necesitaba más tiempo para decidir algo así. “El Gobierno cree que para adoptar una posición definitiva es necesario un análisis de las consecuencias de la propuesta sobre la eficacia del trabajo de la UE, así como sobre los efectos presupuestarios y prácticos”, afirmó en un comunicado. Irlanda también dijo públicamente esta semana que era “demasiado pronto para adoptar una posición definitiva”. A ellos se ha sumado Finlandia, que este viernes expresó en un comunicado sus “reservas” ante una decisión que, apunta, “aumentaría la carga financiera y administrativa” y “probablemente también ralentizaría las decisiones y la entrada en vigor de Regulaciones europeas”. informa Efe.
Lo que estos gobiernos han dicho abiertamente en los últimos días también lo han formulado más veladamente otros socios europeos, incluidos países políticamente afines al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez y que no verían con malos ojos que volviera a jurar su cargo.
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En la reunión de este viernes intervinieron alrededor de 14 embajadores para señalar que “quedan muchas preguntas sin respuesta sobre las implicaciones políticas, jurídicas, financieras y prácticas” de una decisión de este tipo, afirman fuentes diplomáticas. Por ello, añaden, “la mayoría” de los Estados miembros considera que el martes es “demasiado pronto” para tomar una decisión. Lo más probable es que, en la reunión de la próxima semana, después de que España presente la propuesta -por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares-, se debata y se decida, dicen fuentes, crear algún tipo de grupo de trabajo que analice todos las dudas planteadas o consultar la opinión de los servicios jurídicos de la UE, antes incluso de aceptar una votación que requiere unanimidad.
La UE tiene actualmente 24 lenguas oficiales. Cada vez que se ha producido una ampliación del bloque, se añade la lengua del país -siempre que sea nueva- en el momento de la adhesión, algo que obliga a modificar el Reglamento 1 de 1958, que establece el régimen lingüístico del bloque. Este tipo de decisiones siempre se toman por unanimidad.
La única vez que un país logró que la UE admitiera posteriormente una lengua como oficial fue Irlanda con el irlandés (o gaélico), que en su Constitución se establece como “primera lengua oficial”, por delante del inglés. Sucedió en 2005, en el mismo Consejo Europeo en el que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que también había pedido un mayor reconocimiento de las lenguas cooficiales españolas, consiguió abrir la UE, si no a un reconocimiento total del catalán, el euskera. y gallego, sí a permitir que España cierre “acuerdos administrativos” con las distintas instituciones europeas -negociados uno a uno- que permitan “un uso limitado a nivel de la UE de las lenguas reconocidas por los Estados miembros”.
Desde entonces, entre otras, los ciudadanos pueden dirigirse a ellas en una de las lenguas cooficiales y recibir respuesta en la misma lengua, en una traducción costeada por el Estado español. Además, siempre que se avise con antelación y España pague el servicio de traducción, un representante español, cuando hable en una reunión de instituciones comunitarias (excepto en el Parlamento Europeo, que rechazó este punto) podrá hacerlo en una de las reuniones españolas. -Lenguajes oficiales. De hecho, el primero en hacer uso de esta posibilidad fue el entonces ministro de Industria, José Montilla, que en noviembre de ese mismo año 2005 habló en catalán en un consejo de ministros de industria.
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