España insiste hoy en la urgencia de oficializar el catalán en la UE pese a las dudas del resto de países
Buen día. Este martes, España intenta convencer a sus socios de la Unión Europea de la urgencia de encontrar una solución al reconocimiento del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión -como exige el Gobierno en funciones de Junts para apoyar la investidura de Sánchez, pero se espera que choque con las reservas de varios países que han dejado claro que tienen demasiadas dudas sobre el impacto legal y económico de la medida como para tomar una decisión.
La reunión de Ministros de Asuntos Generales de la UE estará presidida por el Secretario de Estado de la UE, Pascual Navarro, al ser España la presidencia de turno del Consejo. Sin embargo, una decisión insólita que quiere subrayar la importancia de este tema para España es que también estará presente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para defender la modificación de la normativa que regula el uso de las lenguas.
Como presidencia rotatoria, España decidió incluir este punto en el orden del día de este martes y lo hizo anticipando un debate y posterior toma de decisiones, un extremo que según diferentes fuentes diplomáticas consultadas fue recibido con sorpresa por el resto de delegaciones, muchas de ellos que afirmaron que no están dispuestos a hablar. “Aún quedan muchas preguntas sobre las implicaciones (de la modificación) que no han sido respondidas”, afirmó un alto diplomático tras los primeros contactos informales entre gobiernos, insistiendo en que “nadie está preparado” para tomar una decisión.
La necesidad de que la solicitud española sea examinada por los servicios jurídicos del Consejo fue una de las demandas más escuchadas el pasado viernes, durante un primer intercambio de opiniones de los Veintisiete a nivel de embajadores para preparar la reunión de este martes. Casi la mitad de los embajadores también tomaron la palabra para plantear dudas sobre las consecuencias políticas, jurídicas, financieras y prácticas.
El Gobierno ha asegurado que asumirá el coste económico que supone oficializar la traducción e interpretación al catalán, euskera y gallego de los debates y documentos oficiales en las instituciones de la UE (incluidos los Tratados y el acervo), pero fuentes diplomáticas advierten de que esto no se soluciona los problemas. Dudas porque ni España ha puesto cifra a estos gastos, ni está claro el impacto que tal precedente tendría en la incorporación de futuras lenguas. (Agencias)