Los padres de cerca de 900 niños de educación infantil y primaria del colegio público Miguel de Unamuno de Madrid recibieron la noticia el 15 de junio de 2022. Los ruidos, humos y olor a fritura que llegaban al patio donde jugaban sus hijos tenían los días contados . Esa mañana, un juez les dio la razón ante el Ayuntamiento de Madrid. La gigantesca nave industrial de 573 metros cuadrados -conocida como cocina fantasma por su actividad y situada en los alrededores del centro educativo- no debería estar abierta y, por tanto, contar con licencia administrativa. Según describió el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres de la capital en el fallo, la licencia no se ajustaba a derecho. La cocina fantasma tendría que tener licencia de uso industrial si el local hubiera tenido menos de 350 metros cuadrados, y no fue así.
Siete días después de esta sentencia y ante sorpresa de las familias, el despacho jurídico del Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida (PP) recurrió. Ahora, un año después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a fallar a favor de las familias y la asociación de padres del colegio público, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS y firmada el 24 de julio. . El Ayuntamiento puede volver a recurrir, en este caso, ante el Tribunal Supremo. Preguntado por este diario, un portavoz del área de Desarrollo Urbano afirma ahora que “no existen motivos para interponer recurso de apelación”.
“Estamos muy contentos. Ahora pedimos que se recojan las peticiones que hicieron todas las asociaciones afectadas, que recogimos 2.000 firmas”, dice por teléfono Noelia Cabeza, de 39 años, con dos niños en el colegio. vecinos vulnerables, como colegios y centros de mayores. Esperamos que el Ayuntamiento no recurra, pero si lo hace acudiremos al Tribunal Supremo. “No se puede volver a poner una fábrica de estas características en las inmediaciones de un colegio. “
Las cocinas fantasma—o cocinas oscuras, como se les conoce en el mundo angloparlante, son establecimientos utilizados únicamente para cocinar pedidos a domicilio. No hay mesas, ni sillas, ni clientes. Estos establecimientos crecieron como la espuma en las grandes ciudades debido al auge sin precedentes que experimentó la entrega (entrega de comidas a domicilio) tras la pandemia, que en muchos casos ha precarizado el trabajo de los repartidores (jinetes). Las entregas a domicilio crecieron un 60% en España sólo en 2020, según Kantar, una de las principales empresas de datos de mercado del mundo.
Estos establecimientos se multiplicaron en la capital de España en apenas dos años, aprovechando el vacío legal de las administraciones. Sólo en 2021 se contabilizaron más de 20 cocinas en distintos barrios: Tetuán, Prosperidad o Arganzuela. Madrid, sin embargo, no ha aprobado hasta julio de este año una normativa específica para las cocinas fantasma. ¿Porque?
En la última legislatura (2019-2023), PP y Ciudadanos gobernaron juntos en coalición, sin mayoría absoluta. Para cualquier regulación municipal se necesitaban al menos cuatro votos de la oposición. Más Madrid y PSOE se mostraron en contra de este tipo de negocios. Y Vox, que no puso objeciones a los primeros pasos de la norma, optó por el voto negativo al final de la legislatura, y a pocos días de las elecciones municipales. Tácticas electorales.
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Ante esta situación, PP y Ciudadanos optaron por decretar una moratoria de las licencias hasta agosto de este año. Y como las elecciones del pasado mayo dieron mayoría absoluta al PP, la primera norma urbanística que se aprobó en este mandato -el 16 de julio- incluyó finalmente la regulación de las cocinas fantasma. Adiós a la moratoria.
Sin embargo, aún persisten en la capital las cocinas que proliferaron durante la pandemia. De todos ellos, el más polémico y más mediático fue, precisamente, el ubicado en este colegio público de Madrid.
Aquí, de la noche a la mañana, en mayo de 2021 aparecieron por sorpresa cuatro cilindros metálicos, en los tejados que rodean el patio, como periscopios. Comenzaron a emitir humo, olores y basura. Día tras día. De lunes a domingos. “Es bastante desagradable y supone un peligro para los niños”, se quejaba Iris Arisa, de 38 años, que lleva a su hija de cinco años a este colegio, en un reportaje publicado por este periódico hace dos años.
A los residuos, la contaminación acústica y el impacto en la movilidad urbana provocados por las empresas de hostelería se sumó la falta de un informe de impacto ambiental. El juez de primera instancia fue contundente en su fallo: “Las emisiones de humo de cocinas industriales cercanas a un colegio público extreman el deber de vigilancia municipal”.
Los vecinos denunciaron que esta cocina fantasma no era equiparable a un negocio de hostelería tradicional, sino que, en este caso, se trataba de una actividad industrial que requeriría otro tipo de licencia. “Es un negocio con licencia irregular y no tiene cabida en una zona residencial porque está al lado de un colegio público con menores de edad, que son población vulnerable”, explica un vecino del barrio en el informe.
Ahora, dos años después, los afectados recuerdan su lucha como un proceso largo, duro y costoso: “Abrimos un recaudación de fondos (un mecanismo de financiación que consiste en la aportación de pequeñas cantidades de dinero por parte de muchas personas) para financiar el trámite administrativo con el que obtuvimos unos 18.000 euros”. La cocina fantasma del colegio, por presión vecinal y tras la primera sentencia, cerró en septiembre del año pasado, según informó eldiario.es. Ahora, según los padres, no parece haber ningún tipo de actividad. De hecho, incluso estuvo alquilado en Idealista hace unos meses. Sin embargo, a nivel legislativo la empresa podría haber seguido funcionando, porque el Ayuntamiento recurrió el fallo.
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