Pedro Sánchez libra su primera batalla por la investidura en Bruselas. Este martes, el Consejo de Asuntos Generales debate la inclusión del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la UE. El futuro del president en funciones dependerá en gran medida del resultado de esa reunión -y sobre todo del relato que se dé de la decisión-, después de que Carles Puigdemont la haya colocado como la primera prueba de fuego que los siete diputados de Junts avalan. su candidatura. Luego le tocaría el turno a la amnistía, cuyos plazos se están acortando.

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Los recelos ya expresados ​​por una decena de países distancian la aceptación de las tres lenguas cooficiales en la UE. “27 para bailar tango”, recordaron este lunes fuentes diplomáticas en referencia a la unanimidad que requiere el cambio al reglamento europeo. Varios países, entre ellos Alemania, han pedido más tiempo para estudiar la propuesta y han pedido un análisis de las implicaciones legales y financieras. De hecho, en algunas capitales ha sorprendido que España, como presidencia de turno del Consejo de la UE, haya incluido en el orden del día tanto el debate como la adopción de la medida, que esperaban desde hacía tiempo. Países como Suecia y Finlandia, ambos en manos de conservadores, son los que más claramente han expresado sus dudas y varios Estados tienen reservas porque podría abrir el grifo de sus propias lenguas regionales.

Al Gobierno le cuesta, sin embargo, cumplir el compromiso adquirido con Junts en el acuerdo para hacer presidenta del Congreso a Francina Armengol. “España está haciendo todo, todo el esfuerzo, todos los esfuerzos y a todos los niveles”, aseguró este lunes a los medios el consejero de Presidencia, Félix Bolaños, durante una visita a Barcelona y en referencia a que el catalán, el vasco y el gallego Son lenguas oficiales en las instituciones comunitarias.

El Congreso hace sus deberes

“Para el Gobierno es un orgullo poder facilitar que las lenguas cooficiales en España sean también lenguas oficiales dentro de la Unión Europea”, remarcó Bolaños, consciente de que para el lado de Puigdemont este paso es imprescindible antes emprender el camino definitivo. hacia la investidura de Pedro Sánchez.

Coincidiendo con el debate en el seno de la UE, este martes comenzará también el Pleno en el Congreso de los Diputados en el que se abordará la reforma del Reglamento de la Cámara Baja para permitir el uso de las lenguas cooficiales. Aunque la sesión servirá como aperitivo político para el intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo la próxima semana y por tanto se espera que sea de alta tensión política, no habrá obstáculos en la votación y se espera que la propuesta salga adelante este jueves .

La mayoría política para garantizar su aprobación ya está empatada y, de hecho, en el mismo pleno que aprobará la reforma del reglamento, los diputados ya podrán expresarse en sus idiomas. La Mesa del Congreso llegó a un acuerdo la semana pasada para facilitar la logística necesaria.

Según fuentes de presidencia del Congreso, el coste total de los 450 auriculares que hay que adquirir asciende a 7.600 euros, a los que hay que sumar el alquiler de los transmisores y su mantenimiento. De aquí a final de año, el presupuesto estipulado ronda los 45.000 euros. Para esta semana la Cámara procederá a contratar puntualmente a doce traductores.

27 para bailar tango”: Un proceso difícil en la UE

Estas primeras contrataciones permitirán que el uso de los idiomas sea inmediato. Una vez aprobada la reforma del reglamento, el Congreso tendrá seis meses para establecer los medios necesarios para que el catalán, el euskera y el gallego estén garantizados “en todos los ámbitos de la Cámara”, es decir, también en los escritos que se presenten o en las reuniones de las comisiones parlamentarias. .

En el caso de la UE, el camino es más difícil. El Gobierno sostiene que nadie se ha opuesto a la iniciativa, lo que permitirá al menos mantenerla viva lanzando un análisis más exhaustivo o abordándola en un grupo de trabajo, que son algunas de las cuestiones que se plantearon en la reunión. reunión de embajadores preparatoria a la reunión de este martes. Y, con ello, Sánchez podría enviar un mensaje a sus potenciales aliados, quienes han dejado claro que la burocracia en la UE es fundamental para avanzar con la investidura. La pregunta antes de la cita es si sería suficiente.

Uno de los argumentos jurídicos esgrimidos por el Gobierno, cuya posición defenderá este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, es que el artículo 55.2 del Tratado de la UE ya reconoce el estatus de cooficialidad de esas lenguas en la medida en que establece que este texto podrá traducirse “a cualquier otra lengua que determinen los Estados miembros entre aquellas que, de acuerdo con sus ordenamientos constitucionales, tengan la condición de lengua oficial en todo o parte de su territorio”. “El Estado miembro interesado proporcionará una copia certificada de estas traducciones, que se depositará en los archivos del Consejo”, añade. España lo hizo con el catalán, el vasco y el gallego.

¿Y los costos?

El Ejecutivo ha ofrecido incluso que España cubra los gastos que supondría oficializar estos tres idiomas, básicamente para costear el trabajo de traductores e intérpretes. Lo que tanto Asuntos Exteriores como Moncloa se resisten a desvelar por ahora es la estimación de lo que supondría para las arcas públicas.

Bruselas estima que el coste total de traducción e interpretación en todas las instituciones europeas (la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones) asciende a mil millones de euros al año: el 1% del presupuesto total de la UE, lo que equivale a unos dos euros por ciudadano. Estos trabajos sirven para traducir los documentos más relevantes (principalmente legislativos) y cuentan con servicios de interpretación simultánea en reuniones oficiales para las 24 lenguas oficiales de la UE (todas ellas con reconocimiento estatal oficial en alguno de los Estados miembros).

Sin embargo, la Comisión Europea no tiene una estimación del coste de cada idioma en términos de traducción e interpretación. “Los costes dependen de muchos factores individuales diferentes e implican la contratación de personal, pero también procedimientos de subcontratación, así como recursos lingüísticos, como bases de datos terminológicas, conjuntos de datos que alimentan las herramientas de traducción asistida por ordenador y la traducción automática”, explica un portavoz.

Mil millones de euros para 24 lenguas en la UE

La posibilidad de que España asuma los costes da cierta posibilidad, según algunas fuentes, a la inédita oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, donde ya tienen un régimen diferente al de otras lenguas cooficiales. sobre un acuerdo alcanzado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Los ciudadanos pueden dirigirse a algunas instituciones en estos tres idiomas. “Las traducciones corren a cargo del gobierno del Estado miembro en cuestión, cuando sea necesario, y corren por su cuenta. Se proporcionará interpretación del euskera, catalán/valenciano/balear y gallego (pero no al) gallego, previa solicitud, para determinadas formaciones del Consejo con representantes regionales, así como en las reuniones plenarias del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social Europeo. . El coste de esta interpretación correrá a cargo del Estado miembro en cuestión”, explica la Comisión Europea.

El paradigma del multilingüismo es el Parlamento Europeo. Los eurodiputados tienen derecho a leer y escribir documentos, seguir y hablar en debates en su idioma, siempre que sea oficial en la UE. El servicio de traducción emplea a unas 1.140 personas, de las cuales más de 600 son traductores, aunque el 30% del trabajo se subcontrata a autónomos. En el caso de los intérpretes, hay 270 en plantilla y un total de 1.500 intérpretes externos. Entre 700 y 900 trabajan durante las sesiones plenarias. En total, el Parlamento Europeo tiene 552 combinaciones posibles, porque cada idioma está traducido a 23.

Y esa es una de las principales demandas de las fuerzas independentistas y, en concreto, de Puigdemont, que hace sus discursos parlamentarios en inglés: poder hacerlos en catalán y traducirlos al resto de lenguas oficiales. Las fuerzas que forman parte del Ejecutivo de coalición en funciones defendieron recientemente el uso del catalán, el euskera y el gallego en el Parlamento Europeo, un compromiso al que se llegó en la mesa de diálogo con la Generalitat. Sin embargo, el oficina –el órgano análogo a la Mesa del Congreso– decidió esperar a lo ocurrido en el Consejo de Asuntos Generales de este martes, que supone la primera fecha clave en el camino de Sánchez hacia la investidura.

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