El Gobierno de Argentina podría haber presentado una propuesta mediante la cual estaría dispuesto a pagar 15,1 mil millones de dólares (unos 14.150 millones de euros al cambio) por la condena de 16.000 millones de dólares (unos 15.000 millones de euros) en daños y perjuicios a la que fue condenado el país en un juicio en Estados Unidos por la renacionalización en 2012 de la petrolera estatal YPF por parte de Cristina Fernández de Kircher.
Del monto total que Argentina debe pagar, Más de 11.000 millones corresponderían al fondo Burfordfinanciador de la demanda, y El resto lo recibiría Repsol (con unos 1.500 millones) y algunas empresas de la familia argentina Eskenazi, cercana al presidente Néstor Kirchner y que pasó a ser accionista a pedido del matrimonio Kirchner. Las empresas españolas de los Eskenazi llegaron a poseer una cuarta parte de las acciones de YPF sin aportar capital propio, ya que compraron su paquete con préstamos de Credit Suisse y de la propia Repsol con las acciones de la petrolera como garantía.
Inicialmente, la firma Burford había declarado que el Gobierno argentino se negaba a pagar, tras advertir que iba a apelar la decisión del Tribunal de Distrito de Manhattan. Sin embargo, Argentina finalmente ha reconocido el falloaunque ahora deberás negociar con la otra parte.
Estos fondos afirmaron que, en el momento de la nacionalización de YPF, en 2012, Argentina debería haber hecho una oferta pública de adquisición por toda la empresa (como establece el estatuto) y no sólo de un lado.
“La Corte considera que los demandantes fueron perjudicados por Argentina, porque tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada pero no lo hicieron”, señala el fallo.
Esta sentencia, conocida el pasado viernes 8 de septiembre, supone un duro golpe en un momento en el que la situación financiera del país latinoamericano es cada vez más precaria, con una elevada inflación y una gran inestabilidad monetaria.
La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, publicó el pasado viernes la sentencia definitiva que condena al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares (14.998 millones de euros) al fondo Burford Capital por la expropiación de YPF.
La condena obliga a la Argentina a pagar la mayor indemnización posible a Burford Capital, que impulsó la demanda tras adquirir los derechos procesales de dos sociedades constituidas en España, Petersen Energía Inversora y Petersen Energíaanteriormente perteneciente al grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía el 25% de las acciones de YPF, al que se sumó Eton Park -un fondo estadounidense que tenía el 2,9% de YPF-.
La jueza Preska, en su fallo de este viernes, detalla el monto que Argentina debe pagar a los dueños de los derechos de Petersen (14.385 millones de dólares para el fondo Burford) y Eton Park (1.714 millones de dólares) en concepto de “desintegración”. del contrato”.
Sin embargo, rechaza “todas las demás pretensiones” de ambas empresas contra el Estado argentino, basadas en presuntos delitos como ruptura anticipada e incumplimiento del compromiso de buena fe y acuerdo justo. Preska también ordena que con el fallo de hoy se considere que “el caso queda cerrado”.
La expropiación de YPF se produjo durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) y con el actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía.
El 16 de abril de 2012, el Gobierno argentino declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación el 51% de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol; Unos días después, el 3 de mayo, el Congreso del país sudamericano aprobó la ley de expropiación de YPF.
En su fallo del viernes pasado, la juez le dio la razón a Burford, porque consideró que Argentina tomó el control el 16 de abril (y no el 7 de mayo, cuando se publicó la ley de expropiación); la tasa de interés que se debe aplicar es del 8% (y no del 0%, como pretendía Argentina) y que el ratio P/U, componente fundamental de la fórmula que determina el valor que el país debe pagar por las acciones, debe ser el mayor y beneficiosa para el demandante.
Si bien Argentina estimó que tendría que pagar cerca de 5.000 millones de dólares, prevalecerá la reclamación de la fiscalía de 16.000 millones de dólares.