El PP andaluz suspenderá la ley de Doñana durante toda la legislatura para evitar votar en contra en el Parlamento

El PP andaluz suspenderá la ley de Doñana durante toda la legislatura para evitar votar en contra en el Parlamento

El pacto por Doñana firmado el lunes entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía ha tumbado la polémica ley de ampliación de cultivos de regadío en el entorno del Parque Nacional, que desató un enorme enfrentamiento político, nacional e internacional hace dos años. En términos políticos, la ley está muerta. En materia de tramitación parlamentaria, la ley sigue suspendida y la Mesa asegura que así seguirá durante los tres años restantes de legislatura.

Para los grupos de la oposición se trata de un matiz importante, porque implica enfrentar al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno “con sus errores y sus malas decisiones”. El proyecto de ley completó todos sus trámites parlamentarios preceptivos, tras la aprobación del dictamen final en la Comisión de Fomento, que incluyó algunas enmiendas parciales de PP y Vox. El texto fue enviado a la Mesa, órgano rector de la Cámara, a la que sólo le corresponde elevarlo al Pleno para su debate y aprobación final.

Y ahí quedó la cosa cuando la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, telefoneó a Moreno el pasado mes de septiembre y comenzaron a negociar el acuerdo que culminó esta semana: la retirada de la ley andaluza que había puesto a España ante las autoridades europeas a cambio de un plan socioeconómico del Gobierno para Huelva, con una inversión extraordinaria de 350 millones de euros.

El pacto entre Gobierno y Junta se selló esta semana -15 días después de la toma de posesión de Pedro Sánchez- y su alcance político trasciende todo el lío que ha rodeado al Parque Nacional de Doñana. Se trata del primer gran acuerdo institucional entre el nuevo Ejecutivo de Sánchez y una comunidad gobernada por el PP, mientras la dirección nacional de este partido -y el propio Moreno- mantienen vivas las protestas en las calles contra la ley de amnistía acordada por el PSOE y los partidos independentistas catalanes. . “La legislatura ya ha empezado, no hay vuelta atrás”, admitió este martes el presidente andaluz.

Moreno también anunció, tras firmar el documento de acuerdo con el vicepresidente Ribera, que esto suponía “la retirada definitiva de la ley”. En rigor, este no ha sido el caso por el momento. Para retirarla, uno de los dos grupos proponentes, PP y Vox (o ambos), deberá solicitar a la Mesa que incluya la ley en el orden del día del próximo Pleno de la Cámara, donde los grupos debatirían el texto original y finalmente votaría. Esto implicaría que el PP tendría que defender el pacto con el Gobierno en detrimento de la norma que había impulsado junto a Vox, para finalmente votar en contra.

El portavoz de la Junta y ministro de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, confirmó este martes que “la ley se dejará morir”, es decir, que la fórmula elegida para cumplir el compromiso firmado con el Gobierno central pasa por no derogar la ley. . ni abrir el debate final en el pleno ni moverlo de donde está. La norma decaerá cuando el presidente Moreno decida que ha finalizado la legislatura, disuelva la Cámara y convoque elecciones, previsiblemente en 2026. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran a este periódico que el pacto con el Gobierno “no incluye el detalle de la fórmula para poner fin la ley”, pero insisten en que “la ley está muerta”.

El PSOE convoca el debate final

El jefe de la oposición, el socialista Juan Espadas, no cree que Moreno vaya a dejar hibernar la ley de riegos en la Mesa del Parlamento para utilizarla como espada de Damocles, dispuesto a reactivarla en caso de que el PP considere que está siendo violado. el acuerdo firmado. Sin embargo, Espadas ha instado a los populares a presentar su propia ley al pleno para reabrir el debate y “defender todo lo contrario de lo que se viene defendiendo hasta ahora”. “Le debe a este Parlamento explicaciones por la estupidez de la ley que ha elaborado”, afirma.

El proyecto de ley para regularizar los cultivos de regadío en la corona norte de Doñana tiene dos proponentes -PP y Vox-. El primero se alegra del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transición Ecológica, que movilizará 1.400 millones de euros para la región de Huelva -14 municipios beneficiados- y ofrecerá hasta 100.000 euros por hectárea a los agricultores que dejen de cultivar frutos rojos.

El grupo de extrema derecha, en cambio, tiene otra interpretación: acepta que el acuerdo es válido para los agricultores, que respaldaron el pacto en una asamblea celebrada el domingo, pero advierten de que “es una venta de humo”. “una broma” y que “a la larga perjudicará al campo andaluz”.

Sin embargo, Vox no ha dado señales este martes de querer luchar en solitario para defender su proyecto de ley y ha evitado en repetidas ocasiones aclarar si pedirán que se complete su tramitación parlamentaria. El PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento y puede impedirlo en la Mesa, sin considerar que un debate final sobre la ley podría perjudicarle políticamente. Vox ha asegurado que el acuerdo entre el Gobierno y la Junta es “el mal menor”, y se ha resignado a apoyarlo “si ha convencido a los agricultores afectados”. Tanto Moreno como el PP y el grupo ultraderechista se han felicitado por haber impulsado y defendido la polémica ley porque, sin ella, dicen, el Gobierno “nunca habría cedido y negociado hasta llegar a este acuerdo”.

El presidente andaluz y la vicepresidenta del Gobierno se reunirán el día 30 en la cumbre contra el Cambio Climático de Dubái, a donde acudirán con un acuerdo que preserva el mayor humedal de Europa ante los ojos de todas las instituciones internacionales que alertaron sobre la ley de regadíos junto con Doñana: la Comisión Europea, la UNESCO, la ONU y gran parte de la comunidad científica internacional.

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