Moreno ofrece a las grandes fortunas que sus impuestos «se queden» en Andalucía después de que el Tribunal Constitucional desestima su recurso

El Gobierno andaluz mantendrá su batalla contra el impuesto a las grandes fortunas (que se aplica al patrimonio neto de las personas físicas con un importe superior a tres millones de euros) pese a que el Tribunal Constitucional ha anulado este jueves el recurso que había presentado contra esta medida fiscal del Ejecutivo central. En concreto, su intención es ofrecer a los grandes contribuyentes que su tributación permanezca en la comunidad autónoma, para lo que estudia el proceso técnico que lo haga posible. «En Andalucía no vamos a obligar a nadie a pagar el impuesto», han apuntado fuentes del Ministerio de Hacienda.

Precisamente, la titular de este departamento, Carolina España, había señalado horas antes de conocerse la decisión del Tribunal Constitucional que el nuevo impuesto que se recurría era una reacción a la eliminación por parte de Andalucía del Impuesto sobre el Patrimonio «porque entendíamos que era un impuesto injusto, que ahuyenta la inversión y el ahorro” y que, además, “no existe en ningún otro país de la Unión Europea”. En Andalucía, este tipo lo pagaban los 19.000 contribuyentes más ricos de la región.

El anuncio de las intenciones del Gobierno andaluz lo hizo el propio presidente, Juan Manuel Moreno (PP), en su cuenta en «Que vuestros impuestos se queden en Andalucía». «Y en 2024, seguiremos bajando impuestos a los andaluces, a pesar de Pedro Sánchez», pese a que en la presentación de los presupuestos andaluces para el próximo año la ministra de Hacienda, Carolina España, adelantó que para el próximo año son No se planean nuevos recortes de impuestos.

Poderes vacíos en materia fiscal

El Ministerio de Economía, Hacienda y Fondos Europeos señala, tras conocer que el Tribunal Constitucional da la razón al Gobierno central en esta cuestión, que la creación del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas es «una deslealtad y un abuso contra Andalucía». ”. El Ejecutivo andaluz teme que «esta misma doctrina pueda ser utilizada por el Gobierno de la nación para seguir vaciando otras competencias autonómicas en materia fiscal», como la bonificación de Sucesiones y Donaciones «u otras medidas que hemos utilizado para bajar impuestos al patrimonio andaluz». «.

En este sentido, se recuerda que la creación del «mal llamado impuesto de solidaridad» fue creado por el Gobierno central para «anular» la bonificación patrimonial del 100% que aplicaba el Gobierno andaluz, «cumpliendo así un compromiso gubernamental». . Eso sí, se recuerda que todos los contribuyentes andaluces que actualmente declaran este impuesto por un importe inferior a 3,7 millones de euros quedan bonificados al 100% «y lo seguirán haciendo».

En el caso de las grandes fortunas, aquellas que declaran más de 3,7 millones de patrimonio, se estudia ahora el proceso técnico para que los contribuyentes puedan decidir si su tributación permanece en Andalucía o tributan a nivel nacional. «En Andalucía no vamos a obligar a nadie a pagar el impuesto», se subraya.

Aplicación de doctrina

El anuncio se ha producido horas después de que el Tribunal Constitucional haya aplicado doctrina y rechazado los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia contra este impuesto estatal a las grandes fortunas. Hace unas semanas se pronunció por primera vez sobre la cuestión, rechazando un recurso en la misma línea presentado por la Comunidad de Madrid. La reacción de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), fue anunciar la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio para recaudar para las arcas madrileñas los 555 millones que recibe el Estado por el tributo a las grandes fortunas.

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha aprovechado el revés en el Tribunal Constitucional para animar a Juan Manuel Moreno a «revisar su injusta fiscalidad en Andalucía». “¿Y ahora qué, señor Moreno?” preguntó Juan Espadas en una nota en su cuenta de la red social X, animando al presidente andaluz a «admitir que no tenía razón».

Se esperaba que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto, como lo hizo el pasado 7 de noviembre cuando rechazó la impugnación presentada por el Gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid. El tribunal de garantía resolvió entonces que dicho impuesto no viola las competencias autonómicas en materia tributaria ni tiene carácter confiscatorio. “La verdadera queja de la Comunidad de Madrid es que aquellos de sus residentes con patrimonio superior a tres millones de euros (los únicos que están sujetos al impuesto a las grandes fortunas) tendrán que pagar el nuevo impuesto estatal, con lo que Madrid pierde atractivo . fiscal para atraer dicha riqueza a su territorio”, señala el fallo.

Votos privados

El Tribunal Constitucional ya avanzó entonces que aplicaría esta misma doctrina a los recursos pendientes contra el impuesto a las grandes fortunas. Además de Madrid, Andalucía y Galicia, recurrió a Murcia. Tanto el Ejecutivo madrileño como el andaluz solicitaron que se suspendiera provisionalmente la aplicación del impuesto, pero el Tribunal Constitucional lo denegó.

Según informó este jueves el tribunal de garantías, los jueces del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado que presentarán votos disidentes contra la decisión de la mayoría progresista contenida en dos sentencias de las que los magistrados Juan Carlos Campo y Ricardo Enríquez. Estos votos disidentes indican que la disposición legal impugnada es inconstitucional, en primer lugar, por vulnerar la autonomía financiera y política de las comunidades autónomas al neutralizar la defensa de sus respectivos intereses en el ejercicio de sus propias competencias.

En segundo lugar, porque la forma de aprobación de la iniciativa legislativa que ha dado lugar al impuesto a las grandes fortunas supone «un claro desprecio al principio democrático, a los derechos de representación política de las minorías y al principio de legalidad fiscal». Según los firmantes, el texto vulnera también el principio de seguridad jurídica y la protección de la confianza legítima de los ciudadanos en la actuación de los poderes públicos que del mismo se derivan, debido a la sorprendente aplicación del impuesto.